Lo que pasa en La Moncloa llega al aula. Desde hace un mes está en suspenso quién va a formar Gobierno, cómo y con qué socios. Las negociaciones y los plazos en las que se produzcan afectan directamente a la próxima gran cita prevista en la reforma educativa, la Ley Wert o Lomce. Se trata de la evaluación final de sexto de primaria que deben hacer por primera vez a final de curso 460.025 alumnos de sexto de primaria (12 años). Serán hasta cuatro días de exámenes (el margen lo fijan las comunidades autónomas) con contenidos de Lengua, Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Solo cinco comunidades autónomas —Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y Comunidad de Madrid, las que mantienen Gobiernos regionales del PP tras las elecciones regionales de mayo— defienden que se celebre esta prueba y han dado instrucciones claras para que se ponga en marcha tal como recoge la normativa.
En el resto de comunidades, donde estudian tres de cada cuatro alumnos de sexto (333.318 estudiantes), la cuestión no está tan clara. Todas rechazan la prueba obligatoria que el Ministerio de Educación ahora en funciones desarrolló en un Real Decreto publicado el pasado 20 de noviembre, en plena precampaña electoral. Las contrarias al examen y a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) son ahora mayoría en el parlamento. Están pendientes de la formación del nuevo Gobierno y de cómo avancen la Proposición No de Ley (PNL) y la iniciativa legislativa que el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados nada más constituirse las Cortes para derogar la Lomce.
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